Este jueves a las 11, en un hotel del microcentro porteño, los abogados de la expresidenta detallaron ante la prensa una presentación que ya habían formalizado el día anterior en Ginebra. Piden que un organismo internacional evalúe si el Estado argentino violó garantías de debido proceso al condenarla en la causa Vialidad, y solicitan medidas urgentes como el retiro de la tobillera electrónica.
Pasadas las 11 de la mañana, en un salón del NH Hotel del microcentro de Buenos Aires, tres abogados de tres países distintos se sentaron juntos frente a los micrófonos. Uno de ellos, el español Javier Borrego, había sido juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Otro, el brasileño Rafael Valim, había trabajado en la defensa de Luiz Inácio Lula da Silva. El tercero, el argentino Alberto Beraldi, es el abogado de Cristina Fernández de Kirchner desde hace años. Los tres llegaron a explicar un mismo paso: la presentación que un día antes habían formalizado ante un organismo de Naciones Unidas.
**Quién.** El equipo de defensa de Cristina Fernández de Kirchner, integrado por Beraldi, Valim y Borrego.
**Qué.** Presentaron una Comunicación Individual ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, en la que alegan que el proceso judicial de la causa Vialidad violó garantías del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado que Argentina ratificó. Junto con ese planteo de fondo, pidieron medidas cautelares urgentes: la suspensión de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, el retiro de la tobillera electrónica de monitoreo y una mejora en las condiciones de su prisión domiciliaria (más visitas, más salidas al aire libre y «cese del trato discriminatorio» respecto de otras personas detenidas en esa modalidad).
**Cuándo.** La comunicación se formalizó el 29 de julio de 2026 y la conferencia de prensa para explicarla se realizó este jueves 30 de julio.
**Dónde.** El reclamo se tramita en Ginebra, ante el Comité de la ONU; el anuncio público se hizo en Buenos Aires.
**Por qué.** Porque la defensa considera agotadas las instancias judiciales en Argentina. La condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua quedó firme el 10 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema rechazó los recursos extraordinarios. Más recientemente, el 2 de julio de 2026, el mismo tribunal confirmó un decomiso de $684.990 millones de pesos contra Kirchner, el empresario Lázaro Báez y otros condenados.
La causa Vialidad investigó el direccionamiento de 51 obras viales en Santa Cruz, entre 2003 y 2015, hacia empresas del grupo Austral Construcciones, de Báez. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas en noviembre de 2024: seis años de prisión para Kirchner, Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López y el exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti, además de penas de entre tres y cinco años para otros funcionarios provinciales.
El recurso ante la ONU no es un tribunal de apelación. Según pudo confirmarse, el Comité de Derechos Humanos no tiene facultades para anular la sentencia, ordenar la libertad de una persona condenada ni volver a juzgar las pruebas del expediente. Su función se limita a analizar si un Estado respetó garantías como el derecho de defensa, la independencia judicial y la presunción de inocencia, y a emitir luego un dictamen u observaciones. Esos pronunciamientos no son de cumplimiento obligatorio, aunque pueden tener peso político y diplomático.
En la conferencia, Beraldi calificó el expediente de «escandaloso» y sostuvo que la condena «nunca debería haber existido». Borrego, por su parte, planteó que existió «hostilidad» hacia la expresidenta por su condición de mujer. Valim coincidió en cuestionar el proceso «en términos técnicos y jurídicos». Se trata de posiciones de la parte denunciante, que el Comité deberá evaluar; hasta el cierre de esta nota no se registró una respuesta oficial del Gobierno argentino ni de la fiscalía sobre la presentación.
El caso se suma a otros antecedentes de dirigentes latinoamericanos que recurrieron a organismos internacionales durante procesos judiciales, lo que explica la presencia del abogado vinculado a la defensa de Lula da Silva, cuya propia condena en Brasil fue revisada años después de una instancia judicial firme.
Glosario
- Comité de Derechos Humanos de la ONU: Un grupo de expertos independientes, con sede en Ginebra, que revisa si los países que firmaron cierto tratado internacional respetan los derechos de las personas.
- Comunicación Individual: Es el nombre técnico de una denuncia que una persona puede presentar ante ese Comité cuando considera que un Estado no respetó sus derechos.
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Un tratado internacional, firmado por Argentina, que establece derechos básicos como el debido proceso y la libertad.
- Medida cautelar: Un pedido urgente para que se tome una decisión rápida y provisoria mientras se resuelve el reclamo de fondo.
- Decomiso: La confiscación de bienes o dinero que ordena la Justicia como parte de una condena.
- Dictamen: La opinión o conclusión final que emite un organismo como el Comité, que no equivale a una sentencia judicial.