Una consultora con sede en Buenos Aires preguntó por escrito quién iba a firmar el contrato. El Departamento de Estado de Estados Unidos contestó que lo firmarían él y la organización que gane el concurso. El Gobierno argentino aparece solo como «beneficiario». La convocatoria cierra este viernes 16 de octubre. Es para diseñar el futuro centro nacional que debe detectar ataques informáticos contra el Estado argentino.
La pregunta la hizo PwC Argentina. Figura en el documento oficial de preguntas y respuestas que el Departamento de Estado publicó en Grants.gov, el portal de subsidios del gobierno de Estados Unidos. La respuesta dice que el acuerdo lo firman la Oficina de Amenazas Emergentes del Departamento de Estado y la organización seleccionada, y que el Gobierno argentino «participa como beneficiario del programa».
¿Qué pasó? Este fin de semana se supo en la Argentina que el Gobierno negocia con Estados Unidos un programa de ciberseguridad. Los documentos oficiales ya estaban publicados: la convocatoria DFOP0019791 apareció el 10 de septiembre. Ofrece un solo premio de 13.912.185 dólares, que sale de fondos de ayuda exterior de Estados Unidos de 2024 y 2025.
¿Para qué es? Para dar «apoyo de asesoramiento» en el diseño y la puesta en marcha de un Centro Nacional de Operaciones de Seguridad (SOC). Ese centro estaría a cargo de civiles y tendría que prevenir, detectar y responder a ataques contra las redes del Estado argentino y la infraestructura crítica. Las propuestas se reciben hasta el 16 de octubre. Quienes no ganen recibirán aviso antes del 1 de noviembre, y el trabajo empezaría el 16 de noviembre.
Este portal ya siguió esta historia. El 24 de septiembre contamos que el acuerdo de infraestructura con Estados Unidos obliga a usar tecnología «confiable». El 3 de octubre informamos que el centro que debería vigilar al Estado recién empieza a funcionar en 2027. Esta convocatoria muestra quién va a pagar el diseño de ese centro y con qué objetivo.
**Lo que dicen los papeles**
El documento no habla solo de técnica. En el apartado sobre los objetivos políticos, el Departamento de Estado dice que el programa sirve a la estrategia de Estados Unidos en el continente «bajo el Corolario Trump de la Doctrina Monroe, también conocido como Doctrina Donroe». El objetivo de esa estrategia es impedir que países de fuera del continente tengan control sobre redes e infraestructura de la región.
El texto también dice que el programa busca dejar asegurado el «realineamiento estratégico de la Argentina hacia Estados Unidos» mientras el país deja la infraestructura digital de origen chino. Además, quiere abrir «oportunidades para proveedores tecnológicos estadounidenses de confianza».
Según la convocatoria, fue el Gobierno argentino el que pidió esa ayuda para hacer una «transición ordenada hacia tecnología confiable».
**Quién decide qué**
El plan dura unos 36 meses y tiene cuatro etapas. En los primeros seis meses, la organización elegida tiene que hacer un relevamiento completo de las redes y los centros de datos del Estado argentino. También tiene que revisar los equipos extranjeros «no confiables» que siguen en uso. Además, debe redactar los convenios para que los ministerios compartan sus registros e información sobre incidentes.
Entre el mes 7 y el 18 se compran e instalan los sistemas, a medida que avance el reemplazo de equipos de origen chino. Recién después llegan las etapas en las que analistas argentinos trabajan por su cuenta. Si se respetan los plazos, el centro funcionaría solo hacia fines de 2029.
Durante todo ese tiempo, la Oficina de Amenazas Emergentes tendrá una «participación sustancial». Aprueba el plan de trabajo y revisa los informes importantes antes de que se presenten a las autoridades argentinas. Entre esos informes están el relevamiento de las redes estatales y los convenios para compartir datos.
**Quién pone la plata para los equipos**
Los 13,9 millones de dólares pagan sobre todo asesoramiento y capacitación. El documento dice que las computadoras, los programas, las licencias y el mantenimiento quedan a cargo del Gobierno argentino.
En las respuestas oficiales, el Departamento de Estado reconoce que no puede confirmar si la Argentina ya consiguió ese dinero. Pide a quienes se presenten que «no den por hecho» que esos fondos están asegurados. También aclara que cualquier compra de equipos tiene que seguir la política estadounidense de usar «proveedores de confianza».
Para poner la cifra en perspectiva: es apenas un poco más de lo que el Gobierno le paga a Starlink, casi 12 millones de dólares, para conectar escuelas rurales, según informó este portal el 19 de septiembre.
**El organismo argentino que ya existe**
La Argentina ya tiene un Centro Nacional de Ciberseguridad. Se creó con el Decreto 941/2025 como organismo de la Jefatura de Gabinete. El Decreto 92/2026 designó como director ejecutivo a Ariel Waissbein. Además, el país cuenta con CERT.ar, el equipo que responde a incidentes informáticos. La convocatoria estadounidense lo menciona como una de las áreas con las que el nuevo centro tendrá que coordinar.
Ningún documento oficial argentino publicado hasta ahora detalla qué organismo va a manejar el nuevo centro, ni cuánto pondrá el Estado nacional para comprar los equipos.
Glosario
- Centro de Operaciones de Seguridad (SOC): Una oficina con personal y computadoras que vigila las redes informáticas todo el día para detectar ataques y responder rápido.
- CERT.ar: El equipo del Estado argentino que recibe avisos de ataques informáticos y ayuda a los organismos públicos a responder.
- Acuerdo de cooperación: Un tipo de contrato del gobierno de Estados Unidos en el que la oficina que paga también participa de cerca en las decisiones del proyecto.
- Doctrina Monroe: Una política de Estados Unidos de 1823 que considera al continente americano una zona de influencia propia. El gobierno de Trump la retomó con el nombre de «Corolario Trump» o «Doctrina Donroe».
- Equipos «no confiables»: Así llama Estados Unidos a los equipos de empresas de países que considera rivales, sobre todo China.
- Infraestructura crítica: Los servicios y redes indispensables para el funcionamiento de un país, como la energía, el agua, las telecomunicaciones o los sistemas del Estado.
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