Son trabajadoras y trabajadores del programa «Volver al Trabajo», muchos de ellos a cargo de comedores comunitarios que dan de comer a diario en los barrios de la ciudad. Desde agosto dejarán de cobrar los $78.000 mensuales que recibían, después de que la Justicia Federal habilitara al Gobierno nacional a discontinuar el programa.
En los barrios de Rosario hay comedores que abren todos los días para dar un plato de comida a vecinos y vecinas que no llegan a fin de mes. Buena parte de quienes cocinan, limpian y organizan esas ollas reciben, además, una ayuda mensual del Estado por su tarea. Esa ayuda se termina en agosto.
La Justicia Federal habilitó al Ministerio de Capital Humano de la Nación a discontinuar el programa «Volver al Trabajo», que hasta ahora pagaba $78.000 mensuales a personas en situación de vulnerabilidad que participaban de tareas comunitarias, formación laboral o emprendimientos productivos. En Santa Fe, la medida afecta a 34.000 beneficiarios, 20.000 de ellos en Rosario, según publicó el diario Página/12 este martes 21 de julio. A nivel nacional, son más de 900.000 personas las que dejarán de percibir el ingreso desde el mes que viene.
La decisión judicial se conoció el 14 de julio, cuando la Cámara Federal de San Martín revocó una medida cautelar que hasta entonces obligaba al Gobierno a mantener los pagos. La cautelar había sido dictada en abril, después de que el propio Ministerio de Capital Humano intentara dar de baja el programa en marzo y abril de este año. Es decir, este es el segundo intento del Gobierno de cerrar «Volver al Trabajo» en lo que va de 2026, y esta vez la Justicia lo avaló.
«Volver al Trabajo» es la continuidad de otro programa anterior, «Potenciar Trabajo», y paga desde 2023 un monto de $78.000 que nunca se actualizó, según precisaron distintos medios que siguieron el conflicto judicial. Gran parte de sus beneficiarias son mujeres que sostienen comedores, merenderos y tareas de cuidado comunitario en barrios populares de todo el país.
Los jueces de la Cámara Federal —Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández— basaron su fallo en que el programa tenía un plazo limitado de dos años, por lo que sus beneficiarios no tienen un derecho adquirido a que continúe, y en que una medida cautelar no puede interferir en el diseño de políticas del Poder Ejecutivo ni en la ejecución del presupuesto. En su resolución, cuestionaron además lo que calificaron como un «control asistencialista» del programa por parte de las organizaciones sociales, un argumento que no es habitual en este tipo de fallos y que fue rechazado por los gremios de la economía popular.
En lugar de los pagos directos, la Secretaría de Trabajo —a cargo de Julio Cordero— anunció que va a redirigir esos fondos hacia vouchers de capacitación laboral para empresas y centros de formación provinciales, y hacia el financiamiento de jornadas extendidas en escuelas primarias de zonas de alta vulnerabilidad.
La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) rechazó la medida. Norma Morales, secretaria adjunta de la organización, dijo que el fallo «termina validando el ajuste del Gobierno sobre quienes todos los días sostenemos el trabajo comunitario y la vida en el barrio», y remarcó que la decisión golpea especialmente a las mujeres, que son mayoría en la economía popular y sostienen buena parte de las tareas de cuidado en comedores, merenderos y acompañamiento a la niñez, a personas mayores y a personas con discapacidad.
Frente a esta situación, distintas organizaciones sociales, territoriales y sindicales —entre ellas el Frente de Lucha Piquetero, la propia UTEP y Territorios en Lucha— convocaron a cortes de ruta, asambleas y movilizaciones en todo el país para este miércoles 22 de julio, un día después de conocerse el impacto puntual en Rosario.
Glosario
- Programa social: ayuda económica que da el Estado a personas que están en una situación difícil, a cambio de que participen de alguna actividad (trabajo, capacitación o tarea comunitaria).
- Medida cautelar: una orden judicial rápida y provisoria que frena o exige algo mientras la Justicia resuelve el fondo del problema.
- Cámara Federal: un tribunal de Justicia que revisa las decisiones tomadas por jueces de instancias anteriores.
- Economía popular: el conjunto de trabajos que hacen personas por fuera de un empleo formal, como cartoneras, cocineras de comedores o feriantes, muchas veces para sostener a su familia o a su barrio.
- Comedor comunitario: un lugar de un barrio donde se cocina y se da de comer, generalmente de manera gratuita, a vecinos que lo necesitan.
- Voucher de capacitación: un vale que da el Estado para tomar un curso de formación laboral, en lugar de entregar dinero en efectivo.