En los barrios del sur de la Ciudad de Buenos Aires, y en otros miles de asentamientos del país, más de 80.600 familias esperan desde 2018 que el Estado les reconozca el terreno donde viven. El Senado tratará el 6 de agosto un proyecto sobre la propiedad privada que también toca esa promesa.
El Senado debatirá el 6 de agosto un proyecto de ley sobre la propiedad privada que el Gobierno negocia desde hace meses. En el camino, esa iniciativa terminó tocando también la ley de integración socio-urbana de 2018, la norma que en más de 6.400 barrios populares de todo el país miles de familias esperan para obtener el título de su casa. En los barrios del sur de la Ciudad de Buenos Aires y en otros miles de asentamientos del país hay más de 80.600 familias en esa situación.
La confirmación de la fecha llegó tras una reunión el miércoles 23 de julio en la Casa Rosada entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, la secretaria de Asuntos Legales y Técnicos, María Ibarzabal Murphy, y senadores aliados. El objetivo del encuentro era destrabar la letra del proyecto de «Inviolabilidad de la Propiedad Privada», que ya lleva cuatro intentos fallidos de tratamiento en el recinto. Tras el encuentro, confirmaron que el Senado debatirá la iniciativa el 6 de agosto, con un dictamen ya acordado entre el oficialismo y sus aliados.
El proyecto había sido presentado por el Poder Ejecutivo como una herramienta para agilizar los desalojos de okupas e inquilinos morosos, mediante un juicio sumarísimo, y para levantar el límite del 15% que hoy rige para la venta de tierras a extranjeros. Pero en el camino terminó tocando también la ley de integración socio-urbana sancionada en 2018, que declaró de interés público la urbanización de los barrios populares y suspendió los desalojos en esos territorios mientras se completan los procesos de regularización.
La discusión no es nueva: el 16 de julio, el oficialismo ya había intentado llevar el proyecto al recinto y debió pasar a un cuarto intermedio hasta agosto, con 63 votos a favor, tres en contra y una abstención, en medio de diferencias internas. Según reconstruyó Infobae, Sturzenegger objetó cambios que Bullrich había negociado con senadores aliados, por considerar que esa versión modificada violaba el artículo 20 de la Constitución Nacional, sobre los derechos de los extranjeros. El borrador acumuló al menos quince modificaciones desde su presentación original.
La Comisión Episcopal de Pastoral Social, Cáritas Argentina y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) emitieron un comunicado conjunto pidiendo a diputados y senadores que rechacen el proyecto. Sostuvieron que la iniciativa «debilita la potestad del Estado» para gestionar el uso del suelo, planificar obras públicas y proteger el interés comunitario, especialmente el de los sectores más vulnerables, frente a intereses privados locales y extranjeros. También advirtieron sobre el riesgo de mayor concentración de tierras vinculadas a reservas estratégicas de agua y otros recursos naturales.
En la misma línea se pronunció la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), que en una declaración pública objetó el proyecto por sumar a las indemnizaciones por expropiación el resarcimiento del lucro cesante, lo que encarecería significativamente la capacidad del Estado para expropiar tierras con fines de integración urbana o de utilidad pública.
Si el proyecto se aprueba el 6 de agosto tal como lo negociaron Bullrich y Sturzenegger, el Congreso definirá un cambio de fondo en las reglas que hoy protegen a las familias de los barrios populares durante los procesos de regularización, y en los mecanismos con los que el Estado puede intervenir sobre la tierra para políticas de vivienda.
Glosario
- Ley de integración socio-urbana: norma sancionada en 2018 que reconoce a los barrios populares como parte de la ciudad y ordena mejorar sus servicios y regularizar la propiedad de la tierra para las familias que viven ahí.
- ReNaBaP: Registro Nacional de Barrios Populares, la base de datos oficial que identifica a esos barrios en todo el país.
- Juicio sumarísimo: un tipo de proceso judicial más corto y rápido que un juicio común, con menos instancias para presentar pruebas o apelar.
- Expropiación: mecanismo por el cual el Estado puede tomar una propiedad privada, pagando una indemnización, cuando lo justifica una necesidad pública.
- Lucro cesante: la ganancia que una persona o empresa dejó de obtener a causa de un hecho, en este caso, a causa de la expropiación.
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