En las universidades públicas argentinas, hoy la mayoría de los trabajadores no docentes cobra un sueldo por debajo de la línea de pobreza. En ese contexto, el Gobierno publicó este jueves un decreto que suma fondos para salarios universitarios, jubilaciones provinciales, salud y otras áreas, aunque sin revertir la caída salarial de los últimos años.
Un docente universitario con dedicación exclusiva y cargo de titular es, hoy, de los pocos trabajadores del sistema que logra superar la línea de pobreza con su sueldo. El resto del personal no docente de las universidades nacionales cobra por debajo de ese umbral. Es el dato que enmarca la decisión que tomó el Gobierno nacional este 16 de julio.
Ese día, el Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente Javier Milei y su gabinete de ministros, publicó en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 594/2026. La norma modifica el Presupuesto 2026 y reasigna recursos hacia varias áreas: universidades nacionales, jubilaciones provinciales, salud, pago de deuda pública y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). El decreto rige en todo el país desde su publicación, aunque su mayor impacto recae sobre las provincias que aún financian sus propios sistemas jubilatorios.
El Gobierno justificó la medida en la necesidad de evitar que distintos servicios esenciales del Estado queden sin financiamiento suficiente para funcionar durante lo que resta del año.
**De dónde viene el reclamo de las provincias.** Desde 1994, trece provincias —entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco y Chubut— decidieron no transferir sus cajas de jubilaciones al sistema nacional y siguen sosteniéndolas con fondos propios. Desde entonces, la Nación se comprometió a girarles dinero para cubrir los déficits de esos sistemas, un mecanismo que es fuente de tensión constante entre los gobernadores y el Gobierno nacional.
**Un conflicto que ya venía de antes.** El proyecto original de Presupuesto 2026 había previsto apenas $122.763 millones para esas transferencias, una cifra que los gobernadores calificaron de insuficiente: reclamaban al menos $900.000 millones para cubrir los déficits reales de sus cajas. El nuevo decreto eleva ese crédito a $409.342.664.874, una suba considerable respecto del monto original, aunque todavía lejos del piso que pedían las provincias. A esto se suma que, en el plano universitario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los gremios docentes y no docentes habían firmado en junio un acuerdo salarial con el Gobierno: un aumento del 24,33% de la masa salarial, repartido en 21,33% en junio y 3% en octubre. El refuerzo presupuestario de este decreto llega, en parte, para solventar ese compromiso ya asumido.
**Lo que el decreto no explica.** Según pudo confirmarse en la lectura de la norma, el DNU no detalla en sus artículos ni en sus anexos cómo se distribuirá el dinero entre cada provincia ni cuál será el cronograma de pagos. Esa omisión es relevante porque, en el pasado, los gobernadores denunciaron demoras: en junio, el Ministerio de Economía nacional postergó por un mes pagos ya acordados con varias provincias por deuda previsional.
**Los montos, en detalle.** El decreto destina $1,308 billones a las universidades nacionales para salarios y funcionamiento, y $26.664 millones al Programa de Becas Manuel Belgrano. En salud, el Hospital Garrahan recibe un refuerzo de $103.966 millones. Los programas alimentarios para población vulnerable suman $624.308 millones. La SIDE obtiene $49.261 millones adicionales, de los cuales $7.466 millones corresponden a «gastos reservados» de inteligencia. También se destinan $638.395 millones a CAMMESA, la empresa que administra subsidios eléctricos, y $53.000 millones a la Comisión Nacional de Energía Atómica para la construcción del reactor RA-10. Además, el Ministerio de Capital Humano transferirá al Tesoro $280.510,6 millones provenientes de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo.
**Qué puede pasar ahora.** Por tratarse de un DNU, la norma ya está vigente, pero debe pasar por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que evalúa su validez y puede objetarla. Dado que los gobernadores ya calificaron de insuficientes los montos previstos originalmente en el Presupuesto para las cajas provinciales, es esperable que el reclamo por mayores fondos continúe, más allá del refuerzo anunciado esta semana.
Glosario
- DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia): una norma que firma el Presidente sin pasar primero por el Congreso, para situaciones que el Gobierno considera urgentes. Después, el Congreso puede revisarla y hasta rechazarla.
- Boletín Oficial: el diario del Estado argentino donde se publican las leyes, decretos y resoluciones para que tengan validez legal.
- Cajas previsionales no transferidas: los sistemas de jubilaciones que algunas provincias manejan por su cuenta, en lugar de que estén a cargo de ANSES, el organismo nacional de seguridad social.
- ANSES: la Administración Nacional de la Seguridad Social, el organismo que paga las jubilaciones y otras prestaciones sociales en Argentina.
- Comisión Bicameral Permanente: un grupo de legisladores de Diputados y Senadores que revisa si los decretos del Presidente son válidos.
- Salario real: lo que efectivamente puede comprarse con un sueldo, una vez descontado el efecto de la inflación.
- Línea de pobreza: el ingreso mínimo que necesita una familia para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, salud y educación.