Corrupción en la Justicia: qué le pasa a un juez acusado en Argentina

El juez federal rosarino Marcelo Martín Bailaque renunció a tiempo, antes de enfrentar un juicio político, mientras estaba investigado por trabar una causa contra un narco y por extorsionar a un empresario. Su caso expone una grieta del sistema: en Argentina, un juez corrupto puede perder el cargo, ir preso o no recibir ninguna sanción real, según cómo y cuándo se mueva.

En Argentina, cuando un juez actúa de manera corrupta, existen dos caminos posibles: uno institucional y otro penal. El primero busca quitarle el cargo. El segundo, enviarlo a prisión. En la práctica, sin embargo, llegar a una condena efectiva es difícil y puede llevar años.

Según la Constitución Nacional, los jueces de los tribunales inferiores de la Nación pueden ser removidos por un jurado de enjuiciamiento integrado por legisladores, magistrados y abogados de la matrícula federal. Este proceso se llama «jury de enjuiciamiento» y es el primer paso antes de cualquier proceso penal.

El fallo del jury solo tiene como efecto destituir al acusado. La persona condenada por ese tribunal queda igualmente sujeta a acusación, juicio y castigo ante los tribunales ordinarios: el jury saca al juez de su cargo, pero no lo condena penalmente. Para eso hace falta otro juicio, penal, aparte.

¿Qué delitos puede cometer un juez? La figura de «corrupción» no existe como tal en el Código Penal, porque engloba varios delitos distintos: el cohecho o pago de sobornos, la dádiva o entrega de regalos, el tráfico de influencias, la malversación de fondos públicos y el enriquecimiento ilícito.

Todos estos delitos están tipificados en el Código Penal y tienen penas que, en su mayoría, van de uno a seis años de prisión, aunque depende del caso y existen agravantes. Pero hay una figura específica para jueces: el prevaricato. El Artículo 269 del Código Penal establece que sufrirá multa e inhabilitación absoluta perpetua el juez que dictare resoluciones contrarias a la ley expresa. Si la sentencia fuera condenatoria en causa criminal, la pena será de tres a quince años de reclusión o prisión e inhabilitación absoluta perpetua.

En cuanto al cohecho, el Artículo 256 del Código Penal establece que será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua el funcionario público que recibiere dinero o cualquier otra dádiva para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones.

El sistema de control de los jueces existe desde la reforma constitucional de 1994. En ese momento se crearon el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación, con la facultad de acusar y juzgar a los magistrados federales. Antes de esa reforma, solo el Congreso podía juzgar a los jueces, lo que hacía el proceso aún más lento y político.

En los últimos años hubo casos concretos de remoción. Los jueces Walter Ricardo Bento y Martín Luciano Poderti fueron removidos por el Jurado de Enjuiciamiento por causales de mal desempeño. El Jurado destituyó a Poderti, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, el 18 de diciembre de 2025.

Hay una práctica que debilita todo el sistema de sanciones y que no suele estar en los titulares: la renuncia a tiempo como mecanismo para acceder a la jubilación de privilegio y eludir el juicio político. El caso de Bailaque expuso esta práctica: el juez estaba investigado por haber obstaculizado el avance de una causa penal contra un líder narco rosarino y por extorsionar a un empresario a cambio de beneficios procesales.

La renuncia anticipada resulta una estrategia doblemente ventajosa: evita la inhabilitación para ejercer cargos públicos y preserva los beneficios jubilatorios que, de otro modo, se perderían con la destitución. A esto se suma otro problema: en la Justicia Federal, en general no se aplican concursos para el ingreso a los cargos, lo que genera lealtades en todos los niveles. Ante situaciones inadmisibles, empleados, funcionarios y jueces hacen la vista gorda.

Esto tiene consecuencias directas. El sistema mantiene una grieta estructural que permite a los magistrados con causas abiertas escapar del jury mediante la dimisión oportuna, acceder a sus haberes jubilatorios y dejar vacantes que agravan el colapso del fuero federal en el interior del país.

La situación podría cambiar si se aprueban reformas al Código Penal. Expertos coincidieron en la necesidad de elevar las penas para los delitos de corrupción, estableciendo escalas penales de cuatro a doce años de prisión, de manera que los funcionarios que los cometan sean sancionados más severamente. Sin embargo, esa reforma aún no está aprobada.

La existencia de mecanismos para investigar y sancionar a los jueces no garantiza, por sí sola, que la corrupción sea castigada. Los procesos de remoción suelen extenderse durante años, las causas penales avanzan con lentitud y, en algunos casos, la renuncia antes del juicio político permite conservar beneficios jubilatorios y evitar una destitución formal.

Mientras tanto, las vacantes sin cubrir y la demora en los concursos profundizan los problemas de funcionamiento de la Justicia, especialmente en los tribunales federales del interior del país. Para especialistas en derecho, el desafío no pasa solo por endurecer las penas, sino también por fortalecer los controles, acelerar los procesos disciplinarios y garantizar que quienes cometan delitos desde la función judicial respondan ante la ley en igualdad de condiciones que cualquier otro ciudadano.

Glosario

• Cohecho: delito que consiste en recibir o solicitar dinero, regalos o beneficios a cambio de realizar, demorar u omitir un acto propio de la función pública.
• Consejo de la Magistratura: organismo encargado de seleccionar jueces, controlar su desempeño y promover acusaciones cuando corresponde.
• Corrupción: conjunto de conductas ilícitas mediante las cuales un funcionario utiliza su cargo para obtener un beneficio personal o para terceros.
• Dádiva: regalo, beneficio o ventaja entregada a un funcionario público que puede constituir un delito, según las circunstancias.
• Enriquecimiento ilícito: incremento patrimonial injustificado de un funcionario durante el ejercicio de su cargo.
• Inhabilitación: sanción que impide ejercer cargos públicos durante un plazo determinado o de manera permanente.
• Jurado de Enjuiciamiento (Jury): tribunal especial que decide si un juez debe ser removido de su cargo por mal desempeño o por la comisión de delitos. No impone penas de prisión.
• Mal desempeño: incumplimiento grave de los deberes del cargo que puede justificar la destitución de un juez, aunque no constituya un delito.
• Malversación de fondos públicos: utilización ilegal o indebida de dinero o bienes del Estado.
• Prevaricato: delito cometido por un juez que dicta una resolución o sentencia a sabiendas de que contradice la ley.
• Tráfico de influencias: uso de una posición de poder o de relaciones personales para obtener decisiones o beneficios indebidos de un funcionario público.