En 2022, sus hijos ocuparon diez días el colegio Lengüitas por reclamos de comida e infraestructura. Cuatro años después, esas familias recibieron una demanda del Gobierno de la Ciudad por más de 10 millones de pesos y tuvieron que pedir un abogado del Estado para defenderse.
Una carta documento llegó este año a 69 casas de Buenos Aires con una noticia que ninguna familia esperaba: el Gobierno porteño las demanda por algo que pasó cuando sus hijos todavía eran adolescentes en la secundaria. El motivo es una toma escolar de 2022, ya cerrada, ya vieja para cualquier otro trámite. Para la Justicia, recién ahora empieza.
Las familias son de exalumnos del Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas «Sofía Broquen de Spangenberg», conocida como el Lengüitas, un colegio público de Palermo (Juncal 3251) que depende del Ministerio de Educación porteño. El reclamo es civil, por daños y perjuicios, y pide $10.514.119,49 más intereses. Según publicaron La Nación (31 de agosto) e Infobae (3 de septiembre), la demanda ya fue notificada y las familias pidieron el patrocinio del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad para responder en la causa, que está en etapa inicial.
El criterio del Gobierno para elegir a quién demandar fue simple: son los padres y madres que no retiraron a sus hijos del colegio durante los diez días que duró la ocupación, entre el 26 de septiembre y el 5 de octubre de 2022. Para la Ciudad, no retirarlos equivale a avalar la toma y eso genera responsabilidad civil de los adultos a cargo. La demanda se apoya en el artículo 1754 del Código Civil y Comercial (que regula la responsabilidad de los padres por hechos de sus hijos), en la Ley de Educación Nacional y en un protocolo «antitomas» que la Ciudad aprobó en 2018.
Aquella toma de 2022 no fue un hecho aislado del Lengüitas. Se dio en medio de una ola de ocupaciones en secundarios porteños —también hubo tomas en el Mariano Acosta y otras escuelas— por reclamos que incluían la calidad de las viandas, problemas edilicios, cuestionamientos al programa de prácticas laborales ACAP y denuncias de persecución a los centros de estudiantes. En ese momento, la entonces ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, ya había anticipado el camino que el Gobierno recorrió recién ahora: dijo que los adultos responsables de esos estudiantes debían «responder por los daños» y que se preparaba una demanda civil para trasladarles el costo de los sueldos docentes y no docentes de los días sin clases.
Esta no es la primera vez que la Ciudad intenta cobrar ese costo por la vía judicial. Hay un antecedente directo: una demanda similar por la toma del Liceo N.º 5, donde un juez rechazó el reclamo del Gobierno porque no logró probar un «menoscabo económico concreto». La abogada que representó a esas familias, Giselle Furlong Pader, es la misma que ahora patrocina a parte de los padres del Lengüitas, según pudo confirmarse en la cobertura de Infobae.
La demanda del Lengüitas se conoce en medio de un año especialmente tenso entre el Gobierno porteño y la comunidad educativa. En las últimas semanas, ccomusoc contó cómo los gremios docentes marcharon contra el cierre de comisiones en los profesorados porteños y cómo la Legislatura porteña fue escenario de otras protestas por la reforma educativa impulsada por la gestión de Jorge Macri. La reaparición judicial de un conflicto de hace cuatro años se suma a esa lista de fricciones, aunque por un canal distinto: no la protesta en la calle, sino un expediente en los tribunales.
Con el antecedente del Liceo N.º 5 como referencia, no está garantizado que la Justicia le dé la razón al Gobierno esta vez. Pero mientras el proceso avanza, las 69 familias ya tienen que afrontar una causa judicial y los costos —de tiempo, de trámites, de abogados— de defenderse por una decisión que tomaron hace cuatro años, cuando sus hijos eran estudiantes secundarios en pleno conflicto escolar.
Glosario
- Toma de colegio: ocupación de un edificio escolar por parte de los estudiantes, que se quedan a dormir y no dejan entrar a las autoridades, como forma de protesta por algún reclamo.
- Responsabilidad civil: obligación legal de reparar económicamente un daño causado a otra persona o institución, distinta de una sanción penal.
- Código Civil y Comercial (CCyC): la ley que en Argentina regula las relaciones entre personas, familias, contratos y responsabilidades, entre otros temas.
- Ministerio Público de la Defensa: organismo del Estado que brinda abogados gratuitos a quienes no pueden pagar uno particular para defenderse en la Justicia.
- Protocolo antitomas: conjunto de reglas que aprobó el Gobierno porteño en 2018 para intervenir cuando los estudiantes ocupan un colegio.