Cada noche, miles de recolectores levantan las bolsas de la Ciudad en tres turnos de ocho horas. Hoy, muchos de ellos dejan el camión para marchar a la Jefatura de Gobierno y a la Legislatura. Al mediodía, el Gobierno porteño presenta en una audiencia pública virtual los borradores de la licitación del servicio de higiene urbana para 2028-2038. Esos borradores no incluyen el pago de indemnizaciones a los trabajadores cuando cambien las empresas, algo que la Ciudad viene haciendo desde 1998.
Este lunes 5 de octubre, a las 12, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace una Audiencia Pública Temática por Zoom. Ahí presenta los proyectos de pliegos para la próxima contratación del Servicio Público de Higiene Urbana. Los pliegos son las reglas que van a tener que cumplir las empresas que recolecten la basura porteña entre 2028 y 2038.
La organiza la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano y la preside Matías Lanusse, secretario de Higiene. Hablan las personas que se anotaron entre el 7 y el 29 de septiembre. Además, hay un espacio presencial en la Sede Comunal 1 (Humberto 1° 250) para quien no tenga internet. Lo que se diga en la audiencia no obliga al Gobierno: es una instancia consultiva.
Al mismo tiempo, el Sindicato de Camioneros convocó a una marcha hacia la Jefatura de Gobierno y la Legislatura porteña. Dice que va a movilizar a más de 20.000 trabajadores. El motivo es lo que falta en los borradores: no aparece el pago de indemnizaciones al personal cuando termine cada contrato.
**Qué se licita**
Los contratos actuales vencen el 30 de septiembre de 2028, después de una prórroga. Según la convocatoria oficial, el nuevo esquema se arma en cuatro bloques: recolección en siete zonas, recolección selectiva puerta a puerta (la que separa lo reciclable) también en siete zonas, provisión y mantenimiento de contenedores, y planificación del tratamiento de los residuos.
**La «Ley Moyano», que no es una ley**
Lo que el gremio defiende no figura en ninguna ley. Se la llama «Ley Moyano» y es una práctica que arrancó en 1998, cuando terminó el contrato de la empresa Manliba. Cada vez que cambia la concesionaria, el personal es despedido, cobra su indemnización por antigüedad y lo vuelve a contratar la empresa nueva.
En el contrato vigente esa práctica está por escrito. Su cláusula de «Indemnizaciones Finales» dice que, al terminar el contrato, la empresa calculará las indemnizaciones del personal y que, una vez auditadas, el Gobierno de la Ciudad pagará esos montos. Es decir, la cuenta la termina pagando el Estado porteño. En 2012, durante la gestión de Mauricio Macri, la Legislatura aprobó un pago de 220 millones de pesos para indemnizar a los recolectores.
**Qué dice cada parte**
El Gobierno de Jorge Macri no prevé incluir ese pago en los nuevos pliegos. Su argumento es que nadie se queda sin trabajo cuando cambia la empresa, porque el personal sigue en el puesto.
En la Legislatura, el legislador Facundo Del Gaiso (Coalición Cívica, bloque Vamos por Más) presentó un proyecto que la prensa bautizó «ley anti Moyano». Plantea que las indemnizaciones las paguen solo las empresas adjudicatarias, sin costo para la Ciudad, y que no se pueda contratar a empresas que no las hayan pagado. Del Gaiso calcula que el pago costaría entre 100 y 200 millones de dólares. También sostuvo que «ninguno, absolutamente ninguno, va a perder su puesto».
Del lado gremial, en una asamblea del 30 de septiembre en Barracas, Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros, dijo: «Con el pago de las indemnizaciones no vamos a retroceder un paso». Delegados del sector advirtieron que, si se elimina esa práctica, habrá un paro por tiempo indeterminado de la recolección en toda la Ciudad. El gremio habla de entre 6.500 y 7.000 trabajadores de recolección y barrido. El oficialismo y Del Gaiso hablan de unos 6.000.
**La cifra puesta en perspectiva**
Los 200 millones de dólares que reclama el gremio equivalen a casi el 15% de lo que la Ciudad calcula invertir en la Línea F de subte (1.350 millones de dólares), la obra que ccomusoc cubrió el 3 de octubre. La discusión llega en una semana en la que la Legislatura empieza a debatir el Presupuesto 2027. Ese proyecto, enviado el 30 de septiembre, baja impuestos y recorta 9.000 cargos públicos.
**Lo que viene**
Después de la audiencia, el Gobierno tiene que redactar los pliegos definitivos y llamar a licitación. Mientras tanto, el proyecto de Del Gaiso espera tratamiento en la Legislatura, donde el oficialismo tiene apenas 11 bancas y necesita acuerdos para aprobar cualquier ley. En el medio queda un servicio que todos los vecinos usan cada día y del que dependen miles de familias trabajadoras.
Glosario
- Audiencia pública: reunión abierta en la que vecinos, organizaciones y especialistas pueden opinar sobre una decisión del Gobierno antes de que se tome. Sus opiniones no son obligatorias para el Gobierno.
- Pliego: documento con las condiciones y reglas que tienen que cumplir las empresas que se presentan a una licitación.
- Licitación: concurso público en el que el Estado elige a qué empresa le contrata un servicio o una obra.
- Concesión: contrato por el cual el Estado le encarga a una empresa privada prestar un servicio público durante un plazo determinado.
- Indemnización: dinero que se le paga a un trabajador cuando lo despiden, calculado según los años que trabajó.
- Higiene urbana: conjunto de servicios de limpieza de la ciudad, como la recolección de residuos, el barrido de calles y el mantenimiento de contenedores.
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