En un aula de la Facultad de Medicina de la UBA, en pleno barrio porteño de Recoleta, un docente ad honorem calcula cuánto perdió su sueldo en los últimos dos años mientras espera el bono de fin de mes. El martes pasado el Gobierno nacional y los gremios universitarios volvieron a sentarse a discutir salarios y, otra vez, no hubo acuerdo: los docentes fueron al paro y la próxima reunión quedó fijada para el 17 de septiembre.
En los pasillos de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con sede central en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace meses que se repite la misma escena: profesores y no docentes que revisan sus recibos de sueldo y comparan cuánto subieron los precios contra cuánto subió su salario. La cuenta, según los propios gremios, no cierra.
El martes 1° de septiembre, el Gobierno nacional se reunió con los sindicatos que representan a los docentes y no docentes de las universidades públicas de todo el país, entre ellos la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (Aduba) y la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (Apuba). La propuesta oficial fue un aumento del 3% para septiembre y otro 3% para octubre. El Frente Sindical Universitario la calificó de «vergonzosa» y la rechazó de manera unánime. Al día siguiente, miércoles 2 de septiembre, los gremios universitarios de todo el país –incluidos los de la UBA– cumplieron un paro nacional de 24 horas. Las partes acordaron retomar la negociación el 17 de septiembre.
Esta nueva ronda fallida es, en el fondo, un capítulo más de un conflicto que ccomusoc ya viene siguiendo: en agosto, esta sección contó que otro paro universitario nacional dejaba en vilo al Hospital de Clínicas de la UBA, en pleno centro porteño, mientras esperaba los fondos que el Gobierno decía haber enviado. Un mes después, el reclamo de fondo sigue siendo el mismo: que el Estado nacional cumpla la Ley de Financiamiento Universitario.
Esa ley, la 27.795, fue aprobada por el Congreso, vetada por el presidente Javier Milei y luego ratificada por los propios diputados y senadores, que insistieron con ella pese al veto. El conflicto llegó a la Justicia, y en junio de este año la Corte Suprema dejó firme una medida cautelar que obliga al Estado a aplicar dos artículos centrales de la norma: la actualización de salarios docentes y no docentes, y la recomposición de las becas estudiantiles. Fue la tercera instancia judicial que falló en el mismo sentido.
Según los gremios, el atraso salarial acumulado hasta julio llega al 31,2%, muy por encima del 3% mensual que ofrece el Gobierno. La ley también establece que las becas universitarias deben actualizarse según la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, un período en el que los precios subieron 241%, de acuerdo con los propios cálculos oficiales citados por los sindicatos.
El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, viene advirtiendo desde hace meses sobre la gravedad de la situación: sostuvo públicamente que la universidad «puede seguir unos meses más, no años» en las condiciones actuales, y habló de una fuga de docentes e investigadores hacia otros países o hacia el sector privado por la pérdida de entre 30% y 40% del poder de compra de los salarios.
Mientras el Gobierno sostiene que la oferta de 6% en dos meses es sostenible dentro del equilibrio fiscal que exhibe como bandera, los gremios advierten que, si no hay una oferta superadora antes del 17 de septiembre, no descartan un nuevo paro. Para los estudiantes de la UBA y de las demás universidades públicas del país, eso significa la posibilidad de otro miércoles sin clases.
Glosario
- Paritaria: negociación periódica entre el Estado o las empresas y los sindicatos para acordar aumentos de salario y condiciones de trabajo.
- Medida cautelar: decisión judicial provisoria que ordena hacer o no hacer algo mientras se resuelve el fondo de un juicio.
- Ley de Financiamiento Universitario: norma que fija cómo debe actualizarse cada año el dinero que el Estado destina a las universidades públicas, incluidos sueldos y becas.
- Frente Sindical Universitario: espacio que agrupa a los principales gremios de docentes y no docentes de las universidades nacionales de Argentina.
- Corte Suprema de Justicia de la Nación: máximo tribunal judicial de Argentina, última instancia para resolver conflictos legales.