Detrás de los porcentajes que se negocian en la Legislatura de la Ciudad hay historias muy concretas: la de familias porteñas que buscan un crédito hipotecario más accesible, y la de más de 1.700 trabajadores judiciales cuyo puesto depende de cómo termine el traspaso de los juzgados laborales a la órbita de la Ciudad. LLA y el PRO cerraron un acuerdo para tratar ambos temas el jueves 27 de agosto.
Una familia que junta ahorros para su primera casa y un empleado de un juzgado laboral que no sabe si su puesto va a seguir existiendo el año que viene: son las dos caras humanas de un acuerdo político que esta semana avanzó en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, lejos de los flashes pero con efectos directos sobre la vida cotidiana de miles de porteños.
El bloque de La Libertad Avanza (LLA) y el del PRO, agrupado como Vamos por Más, cerraron un entendimiento para tratar en conjunto dos proyectos: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Ciudad y el convenio para trasladar la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita porteña. El acuerdo se conoció el 22 de agosto y la sesión donde se debatirán ambos temas está fijada para el jueves 27 de agosto, según informó Infobae.
El trasfondo no es menor: LLA y el PRO negocian al mismo tiempo una lista legislativa conjunta para 2027, en medio de la interna que enfrenta a Karina Milei y Mauricio Macri por quién conduce el espacio libertario-macrista en la Ciudad. Los acuerdos legislativos de esta semana son la cara institucional de esa disputa por la sucesión de Jorge Macri, la misma tensión que ccomusoc viene siguiendo desde el pedido de Karina Milei a Mauricio Macri para reabrir la pelea por gobernar la Ciudad después de 2027.
El primer proyecto modifica el artículo 45 de la Carta Orgánica del Banco Ciudad (Ley 1779), que define qué se hace con las utilidades netas del banco público porteño al cierre de cada ejercicio. LLA había planteado originalmente destinar el 100% del excedente a créditos hipotecarios, pero cedió ante el PRO: el texto acordado fija un piso del 25% para líneas hipotecarias, y el resto para obras de infraestructura.
Esa cesión no aparece de la nada. En marzo de este año, LLA había impulsado en la misma Legislatura el cierre del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), el organismo público que gestiona planes de vivienda social, alegando que destinaba menos del 4% de su presupuesto a créditos hipotecarios y más del 30% a cargos políticos —una acusación de ese bloque, no un dato verificado de forma independiente—. El PRO no acompañó esa iniciativa, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, respondió lanzando su propia línea de créditos hipotecarios subsidiados para la clase media. El acuerdo de esta semana sobre el Banco Ciudad retoma esa misma disputa por quién y cómo financia el acceso a la vivienda en la Ciudad, pero esta vez con el aval de ambos espacios.
El segundo proyecto es el convenio marco para trasladar los juzgados laborales de jurisdicción nacional a la Ciudad, un proceso que ya tiene media sanción del Senado y que ahora necesita el visto bueno de la Legislatura porteña. El traspaso prevé la disolución progresiva del fuero nacional del trabajo y la puesta en marcha de un nuevo fuero porteño, a cargo del ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, con fecha tentativa de funcionamiento en 2027. Este proyecto sumó, además del PRO, el respaldo del bloque peronista Fuerza por Buenos Aires.
El traspaso no es una discusión menor para quienes trabajan en la Justicia laboral. Gremios como la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación y la Asociación de Abogados Laboralistas vienen advirtiendo que la medida pone en riesgo entre 1.700 y 1.800 puestos de trabajo, con la disolución de 80 juzgados y 10 salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, y cuestionan que debilita la especialización de un fuero pensado para proteger derechos de trabajadores. El jefe de Gabinete porteño defendió la medida diciendo que con ella «se termina la industria del juicio» en la Ciudad.
La sesión del 27 de agosto no se agota en estos dos temas. Ese mismo día la Legislatura también prevé tratar alivio burocrático para clubes de barrio, el boleto gratuito de subte para jubilados y la eliminación de la obligatoriedad del certificado de estado parcelario para ciertos trámites inmobiliarios, según adelantó el propio sitio oficial de la Legislatura porteña.
Glosario
- Carta Orgánica: la ley que define cómo funciona un organismo público, en este caso el Banco Ciudad, incluyendo qué puede hacer con sus ganancias.
- Banco Ciudad: banco público propiedad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que entre otras cosas otorga créditos para vivienda.
- Justicia Nacional del Trabajo: los juzgados que hoy dependen del Estado nacional y resuelven conflictos entre trabajadores y empleadores; el proyecto busca pasarlos a la órbita de la Ciudad.
- Fuero: en el sistema judicial, es el conjunto de juzgados y tribunales especializados en un tema, como el laboral.
- IVC (Instituto de Vivienda de la Ciudad): organismo público porteño encargado de programas de vivienda social para familias que no pueden acceder a una casa propia por otros medios.