Bajo unas carpas instaladas frente al Congreso, docentes y estudiantes explicaron esta semana por qué acampan: reclaman una ley que el propio Estado sancionó y todavía no cumple. En el medio de un nuevo paro universitario de cinco días, un juez federal recibió a las partes y no logró destrabar el conflicto por el financiamiento de las universidades y de hospitales como el Clínicas.
Esta semana no encontramos una novedad verificable de las últimas 24 horas centrada en la Ciudad de Buenos Aires o en una institución porteña para esta sección. Por eso cubrimos la noticia nacional más relevante del día, que además tiene un fuerte componente porteño: la sede de la Justicia que interviene en el conflicto y el hospital universitario en emergencia están en la Ciudad de Buenos Aires.
Frente al Congreso y en otros puntos del país, la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) instaló esta semana carpas bautizadas «por la Universidad y la Soberanía». Ahí, estudiantes y docentes le cuentan a quien se acerque por qué siguen de paro.
El gremio docente Conadu Histórica llevó adelante un paro de cinco días, del martes 18 al sábado 22 de agosto, al que se sumaron Conadu, Fedun, Fatun, la Federación Universitaria Argentina y la FUBA. El miércoles 19 hubo un acto frente al Palacio Pizzurno, sede del Ministerio de Capital Humano.
El reclamo central es el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la N° 27.795, sancionada el 2 de octubre de 2025. Según los gremios, pasaron ya unos 300 días sin que el Gobierno la aplique en forma completa. Piden una recomposición salarial de entre el 28,5% y el 31,2%, retroactiva a la vigencia de la ley, más fondos para becas estudiantiles, gastos de funcionamiento y hospitales universitarios.
El viernes 21 de agosto, representantes del Gobierno nacional se sentaron ante el juez federal Martín Cormick, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, junto con la Universidad de Buenos Aires y el Consejo Interuniversitario Nacional. La audiencia buscaba destrabar el cumplimiento de una medida cautelar que la Corte Suprema ya había confirmado, y que obliga al Estado a actualizar los sueldos universitarios a valores de noviembre de 2023. Según la crónica de la audiencia, las partes ratificaron sus posiciones y el juez no tomó ninguna decisión de fondo: solo quedó un acta firmada.
El Gobierno sostiene otra versión de los hechos. El subsecretario Alejandro Álvarez afirmó que «las universidades están abiertas y dando clases normalmente» y calificó el paro como una medida «convocada por un grupo de gente que no tiene personería gremial». Voceros oficiales calificaron la protesta de «ilegítima» y dijeron que responde a «motivaciones políticas».
La ley de financiamiento no solo habla de sueldos. También incluye una partida para los seis hospitales universitarios de la UBA, entre ellos el Hospital de Clínicas «José de San Martín», en pleno barrio porteño de Balvanera, que atienden en conjunto a unas 700.000 personas por año. En mayo, sus propios directores habían advertido que, sin fondos, corrían riesgo de dejar de funcionar en 45 días: el Clínicas ya trabajaba entre el 30% y el 50% de su capacidad, con recortes en seguridad, limpieza y compra de medicamentos. Hacia el paro del 12 de agosto, seguía pendiente una partida extraordinaria de $50.000 millones destinada a esos hospitales.
Un análisis de la organización Chequeado, que revisa datos públicos, calculó que los salarios docentes universitarios cayeron un 34% en términos reales desde que asumió el gobierno de Javier Milei.
El conflicto no se cierra este sábado. Conadu, Fedun y Fatun ya anunciaron un nuevo paro de 48 horas para el 27 y 28 de agosto. En paralelo, representantes económicos de las universidades nacionales se reunieron esta semana en Mar del Plata para redactar el anteproyecto de Presupuesto Universitario 2027, que deberán elevar al Gobierno. Mientras tanto, la vigencia de la ley sigue en discusión ante la Justicia, sin fecha para una resolución de fondo.
Glosario
- Ley de Financiamiento Universitario: norma aprobada en octubre de 2025 que fija cómo debe actualizarse el presupuesto de las universidades públicas, incluyendo sueldos y becas.
- Medida cautelar: una orden judicial provisoria que obliga a hacer o no hacer algo mientras dura un juicio, para evitar un daño mientras se resuelve el fondo del conflicto.
- Juzgado Contencioso Administrativo Federal: un tribunal donde se discuten conflictos entre ciudadanos, organizaciones o universidades y el Estado nacional.
- Personería gremial: el reconocimiento legal que el Estado le da a un sindicato para que pueda negociar y representar oficialmente a los trabajadores de un sector.
- Hospital universitario: un hospital público que depende de una universidad y que, además de atender pacientes, forma a estudiantes de medicina y otras carreras de salud.