Frente al Congreso, Greenpeace montó un simulacro de votación simbólico con un mensaje directo: «Están jugando con el agua de todos. La Ley de Glaciares no se toca». El Poder Ejecutivo impulsa un proyecto para reformar la Ley de Glaciares, y organizaciones ambientales advierten que podría debilitar la protección del agua dulce que hoy usan cerca de 7 millones de personas.
El Congreso nacional se prepara para debatir un proyecto del Poder Ejecutivo que propone modificar la Ley de Glaciares. La iniciativa ya encendió alertas en organizaciones ambientales, especialistas y sectores sociales, porque podría debilitar una de las principales normas que protegen el agua dulce en la Argentina.
La Ley de Glaciares (N.º 26.639) fue sancionada en 2010 y establece presupuestos mínimos para preservar los glaciares y el ambiente periglacial. En términos simples, fija reglas claras y obligatorias en todo el país para evitar actividades que puedan dañarlos. Estos ecosistemas son reservas estratégicas de agua dulce: abastecen de forma directa a unos 7 millones de personas y sostienen economías regionales como la agricultura y el turismo.
Según Greenpeace, el proyecto oficial altera el espíritu original de la ley. Reemplaza prohibiciones claras por evaluaciones administrativas y habilita que la protección de glaciares quede sujeta a decisiones caso por caso. Además, traslada a las provincias la definición efectiva de qué zonas quedan protegidas y cuáles no. Esto, advierten, rompe el carácter nacional de la norma y abre la puerta a criterios desiguales según intereses locales o económicos.
Hoy la ley protege a todos los glaciares y al ambiente periglacial, estén o no incluidos en el Inventario Nacional. La reforma, en cambio, permitiría revisar esa protección e incluso excluir áreas, aun cuando el daño ambiental pueda ser irreversible. En un contexto de crisis climática y sequías cada vez más frecuentes, ese cambio tiene consecuencias concretas: menos garantías sobre el agua presente y futura.
Desde Greenpeace sostienen que modificar la ley sería inconstitucional. Argumentan que debilita los presupuestos mínimos ambientales reconocidos por la Constitución Nacional y ya validados por la Corte Suprema. También señalan que contradice compromisos internacionales asumidos por Argentina para enfrentar el cambio climático.
Para visibilizar el debate, la organización realizó una intervención frente al Congreso con un simulacro de votación simbólico. El mensaje fue directo: «Están jugando con el agua de todos. La Ley de Glaciares no se toca». La consigna apunta a algo central: sin reglas firmes, los límites ambientales dejan de ser claros y pasan a ser negociables.
El trasfondo del debate no es meramente ambiental, sino socioeconómico. Sin glaciares protegidos, no hay seguridad hídrica. Y sin agua, no hay desarrollo posible. Por eso, distintas organizaciones llaman a la ciudadanía a seguir de cerca el tratamiento legislativo y exigir que no se avance en una reforma que, lejos de modernizar la ley, podría poner en riesgo uno de los bienes más básicos: el agua de los argentinos.
Glosario
- Ley de Glaciares (N.º 26.639): norma sancionada en 2010 que fija reglas obligatorias en todo el país para evitar actividades que dañen los glaciares y el ambiente periglacial.
- Presupuestos mínimos ambientales: estándares de protección ambiental reconocidos por la Constitución Nacional y validados por la Corte Suprema, que la reforma podría debilitar según Greenpeace.
- Inventario Nacional: registro de glaciares que hoy no condiciona la protección legal, ya que la ley ampara a todos los glaciares estén o no incluidos en él.
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