Gervasio Muñoz, referente de la organización Inquilinos Agrupados, advirtió que el proyecto que el Senado trata este 16 de julio «establece el sistema de desalojos más agresivo de América Latina». La Cámara alta sesiona desde el mediodía para definir la ley de «inviolabilidad de la propiedad privada», impulsada por el Gobierno de Javier Milei, que acelera los desalojos, modifica el régimen de expropiaciones y flexibiliza la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
Antes de que arrancara la sesión, Gervasio Muñoz ya había puesto en palabras el temor de miles de inquilinos: que perder la vivienda por un atraso en el pago pase a resolverse en semanas y no en meses. Su organización, Inquilinos Agrupados, comparó la iniciativa con las leyes de desalojo de Brasil, Uruguay, Perú, España, El Salvador y Paraguay, y concluyó que la argentina, de aprobarse, sería la más dura de la región.
El Senado de la Nación sesiona este jueves 16 de julio desde el mediodía en Buenos Aires para tratar el proyecto de ley de «inviolabilidad de la propiedad privada». Lo impulsa el Poder Ejecutivo a través de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. El objetivo del oficialismo es dar media sanción a la ley antes de que el Congreso entre en su receso de invierno, que suele extenderse durante las últimas dos semanas de julio.
El proyecto fue presentado por el Ejecutivo el 27 de marzo de 2026. Desde entonces atravesó un largo trámite en comisiones: logró dictamen recién el 20 de mayo y, según reconstruyó El Cronista, el texto tuvo catorce versiones distintas antes de llegar al recinto, producto de las negociaciones entre La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical y bloques provinciales aliados.
En la misma sesión, el Senado también vota pliegos judiciales, entre ellos el del camarista Víctor Pesino, integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Pesino cumple 75 años el 27 de julio y necesita que se prorrogue su mandato; se lo menciona porque fue quien rechazó un recurso de amparo presentado por la CGT contra la reforma laboral del Gobierno, según reportó Perfil.
El corazón del proyecto está en los desalojos. Según el texto que llega al recinto, si un inquilino no paga el alquiler, el propietario debe notificarlo con un mínimo de diez días hábiles para regularizar la deuda; si no lo hace, el juicio de desalojo se tramita en un máximo de otros diez días hábiles, lo que suma un proceso de alrededor de veinte días. Para ocupaciones o usurpaciones de tierras, el plazo se reduce a cinco días. En ambos casos, los procesos pasan a tramitarse por la vía del «juicio sumarísimo», el trámite más breve que existe en el sistema judicial argentino.
El proyecto sí incluye una salvedad social: si se acredita que en la vivienda viven menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, el juez debe dar intervención obligatoria a los organismos locales de protección y al Ministerio Público Tutelar antes de ejecutar el desalojo. El plazo para garantizar una alternativa habitacional transitoria para esas personas no puede superar los diez días, según el detalle publicado por Chequeado.
La reforma también modifica la Ley de Tierras Rurales: mantiene la prohibición de que Estados extranjeros compren tierras en el país, pero elimina varias restricciones vigentes y flexibiliza los mecanismos de autorización para otros compradores extranjeros. En materia de expropiaciones, incorpora el reconocimiento del lucro cesante cuando sea consecuencia directa de la medida, fija el valor del bien antes de la intervención del Estado con actualización por inflación, y establece que el bien no pasa a manos estatales hasta que se pague la indemnización completa, que además queda exenta de impuestos.
Para que la sesión pudiera realizarse, el oficialismo necesitaba reunir el quórum de 37 senadores, algo que hasta último momento generaba dudas, según publicó Infobae, por lo que el Gobierno negociaba apoyos adicionales, incluidos senadores de Convicción Federal. Si el proyecto obtiene media sanción en el Senado, pasará a la Cámara de Diputados para su tratamiento definitivo antes de convertirse en ley.
Glosario
- Inviolabilidad de la propiedad privada: nombre del proyecto de ley que busca dar mayor protección legal a los dueños de inmuebles y tierras, entre otras cosas acelerando los desalojos.
- Expropiación: cuando el Estado toma posesión de un bien privado, generalmente para una obra u objetivo público, a cambio de pagarle una indemnización al dueño.
- Lucro cesante: el dinero que una persona deja de ganar a causa de un hecho, en este caso, a causa de una expropiación.
- Juicio sumarísimo: el tipo de proceso judicial más corto y rápido que existe, con menos instancias para presentar pruebas o defensas.
- Quórum: la cantidad mínima de legisladores que deben estar presentes para que una sesión sea válida y se pueda votar.
- Pliego judicial: el expediente con los antecedentes de una persona propuesta para ocupar un cargo de juez, fiscal o defensor, que el Senado debe aprobar.
- Media sanción: la aprobación de un proyecto de ley por una sola de las dos cámaras del Congreso (Senado o Diputados); para ser ley definitiva, debe aprobarlo también la otra cámara.